Los otros procesados deben presentarse periódicamente a la fiscalía especializada que los investiga, por ese presunto delito.
Están procesados por el presunto delito de defraudación tributaria con el cual se habría perjudicado al erario nacional en alrededor de medio millón de dólares, a través de la evasión de impuestos, delito en el cual, presunta y alegadamente, estarían implicados Andy P. A., Diego E. M., Enrique O. S., Galo O. L., Lorena E. G., Marco D. D. y Santos A. G., mayores de edad.
La audiencia de formulación de cargos fue el viernes 31 de mayo de 2024, a las 11:30, en la Unidad Judicial Penal de Loja, en la cual una de las fiscalías especializadas en Administración Pública expuso al juez los indicios que la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR) recogió la madrugada del último jueves.
La resolución judicial fue que Andy P. A., Enrique O. S., Galo O. L., Lorena E. G., Marco D. D. y Santos A. G., de 20, 53, 83, 35, 44 y 68 años, respectivamente, se presenten periódicamente a la fiscalía especializada que los investiga por ese delito; en cambio, Diego E. M., quien fue detenido en la provincia de Cotopaxi, está con prisión preventiva.
Un detenido en Salcedo
Los agentes de la UDAR, de la Policía Nacional, emplazada en la provincia de Loja, durante varios meses recogió los indicios que les permitió la desarticulación de esa, organización delictiva en la cual los ahora procesados, presunta y alegadamente, cumplían funciones como proveedores, curadores y contribuyentes que simulaban compras y ventas ficticias.
La supuesta organización delictiva, además, se dedicaba al ingreso ilegal de mercancías y al transporte y distribución ilícito de combustibles y productos provenientes de Perú, país sudamericano; para lo cual utilizaban vehículos de carga pesada y liviana que transportaban los objetos que acopiaban en varios centros de almacenamiento clandestino.
Diego E. M. fue detenido, la madrugada del último jueves, en el cantón Salcedo, de la provincia de Cotopaxi; él conducía un camión blanco, de placa de la provincia de Azuay (A), en donde transportaba 9 tanques de combustible, 4 con una capacidad para 250 galones cada uno y los otros para 50; él no justificó la legalidad de ese producto con la documentación respectiva.
PARA SABER
El perjuicio de la supuesta defraudación tributaria bordearía el medio millón de dólares.