El cierre del año debería ser un tiempo de esperanza y reflexión, pero en Ecuador se siente como un recordatorio del complejo panorama que enfrenta el país. Un gobierno de transición, que debía ser un puente hacia la estabilidad, se encuentra asediado por problemas estructurales que golpean al pueblo: inseguridad desbordada, impuestos impopulares, ausencia de obra pública, apagones, y un desempleo alarmante.
La inseguridad es quizá uno de los problemas más evidentes y urgentes. La violencia, alimentada por el avance del crimen organizado y las mafias, ha convertido las calles en zonas de peligro constante. El Estado, debilitado y cooptado en varias de sus instituciones, parece incapaz de garantizar siquiera lo básico: la seguridad de sus ciudadanos.
Por otro lado, la carga fiscal pesa cada vez más sobre las familias ecuatorianas, que ven cómo sus esfuerzos se diluyen en un sistema que no retribuye. La falta de obra pública y los cortes eléctricos son símbolos de un gobierno que no solo no responde, sino que además evidencia un rezago en sectores clave para el desarrollo del país.
El desempleo y la falta de oportunidades agravan esta crisis. Sin oportunidades, miles de ecuatorianos optan por salir del país, dejando atrás un país que no les ofrece futuro. Esta situación de abandono se ve exacerbada por una corrupción sistémica que sigue siendo el eje de los problemas nacionales, ahora agravada por la influencia del crimen organizado que ha logrado penetrar el aparato estatal.
Ecuador necesita más que una transición, requiere un cambio estructural profundo. Este último mes del año no debe ser solo un cierre de calendario, sino un llamado a la acción para reconstruir un país que pueda ofrecer seguridad, empleo y esperanza a sus ciudadanos. La ruta hacia un futuro cierto es incierta, pero el compromiso de todos es esencial para empezar a recorrerla.
Daniel González Pérez