De lo peorcito que se engendró en la Constituyente de Montecristi ha sido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Se lo metió en el mismo saco con la Contraloría, superintendencias y Defensoría del Pueblo para crear, en la Constitución de 2008, la nueva función del Estado denominada «De Transparencia y Control Social».
Las entidades públicas mencionadas ya existían con la excepción del Cpccs, al que se le asignó tres competencias y atribuciones esenciales: a) Promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, b) Impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y, c) Designar a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fiscal General, Defensor Público, Contralor General, superintendentes, Defensor del Pueblo, Procurador General, así como a los miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral.
Integrar esta institución con sus «muchachos de mando» le permitió al correato concentrar el poder, abusar de este e institucionalizar la corrupción como su práctica política. Aliado a los socialcristianos y a los comunistas vergonzantes de Pachacutik, los correístas pretenden, otra vez, usar al Cpccs con fines protervos: fortalecer el proceso de desestabilización al gobierno de Lasso, y, garantizar impunidad para los delitos que cometieron cuando ejercieron el poder totalitario, que llena de vergüenza a la historia nacional.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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