Loja es una provincia reconocida por su riqueza cultural, su talento humano, su producción agropecuaria y su potencial turístico aún no plenamente desarrollado. Sin embargo, los indicadores recientes del INEC obligan a mirar realidad que los discursos no siempre reflejan.
Según la ENIGHUR 2024-2025, el ingreso promedio mensual de los hogares ecuatorianos se ubica en USD 1.135, frente a un gasto promedio de USD 930. Más allá de aparente estabilidad del consumo, estas cifras evidencian tensiones económicas que se traducen en desigualdad y vulnerabilidad para miles de familias.
En el caso de Loja, la situación adquiere mayor gravedad. Mientras la pobreza nacional se sitúa en 21,4%, en la provincia alcanza aproximadamente el 30,7%. No se trata solo de estadísticas: detrás de estos números hay jóvenes que migran, emprendimientos que no logran sostenerse y hogares que enfrentan oportunidades limitadas.
Frente a este escenario surge una interrogante que no puede ser evadida: ¿por qué el debate político local sigue centrado principalmente en obras físicas, cuando el principal desafío es la generación de oportunidades económicas reales? La infraestructura es necesaria, pero no suficiente si no está acompañada de empleo, inversión productiva y dinamización del tejido económico.
Quienes aspiran a dirigir la Prefectura, los municipios y las juntas parroquiales están llamados a responder con claridad cómo piensan atraer inversión, fortalecer la agroindustria, impulsar el turismo sostenible y, sobre todo, generar empleo digno para evitar la migración de los jóvenes. El Gobierno Nacional no puede mantenerse al margen de esta realidad estructural.
Loja no enfrenta únicamente un problema de infraestructura: enfrenta un desafío de modelo de desarrollo. El futuro de la provincia dependerá de si las decisiones públicas logran transformar su potencial en oportunidades concretas de bienestar, empleo y permanencia para su gente.
Mayra García Calle
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