El viernes 14 de mayo terminan sus gestiones los asambleístas que se posesionaron en 2017, con una calificación en rojo: el 98% de los ecuatorianos desaprueba su gestión, mientras que apenas el 2% está de acuerdo con su trabajo. Sería ocioso decir cuáles son los motivos por los que el pueblo les dio la espalda, pues son de dominio público.
Y, mientras unos se van, un nuevo grupo de triunfadores de las elecciones del 7 de febrero, 137 en total, estrenan sus curules e ingresan, “con nuevos bríos y a trabajar por el bien del país y de sus electores”, dispuestos a entregar todo porque el Ecuador, en estos momentos, atraviesa la situación más crítica de su historia en varios frentes: salubridad con la pandemia que no da tregua; económica, con una deuda externa e interna que no tiene parangón en la vida nacional; social, con una pobreza que hace rato superó los niveles de lo tolerable; seguridad, con una delincuencia organizada que está causando pavor en todo el país, con crímenes por sicariato que aterran; con una educación, caída en desgracia por la pandemia, pero que al margen de ella, necesita de una buena reestructuración para estar a la altura de otras naciones que se dicen de élite académica, y un largo etcétera de problemas que requieren de urgente solución.
Y, a cuatro días de instalación de la nueva Asamblea, aún no se definen los nombres de quienes estarán al frente de esta importante función del Estado. Se escuchan nombres de los partidos que cuentan con el mayor número de integrantes: UNES, Pachacútik e Izquierda Democrática. Se conoce de la formación de alianzas para alcanzar sus objetivos, porque saben de la importancia de presidir la Asamblea Nacional. Hoy, posiblemente, salga humo blanco.
De lo que estamos seguros es que Lasso va a gobernar sin una asamblea a su favor. Ojalá, quienes la integran, apoyen sus proyectos y su trabajo, y no se conviertan en óbice en su deseo de hacer un buen gobierno. Esto esperamos de la nueva asamblea.
Darío Granda Astudillo
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