La denigrante situación del sistema de justicia ecuatoriano sale a la luz nuevamente con el denominado caso ‘Purga’, un entramado de corrupción que blindaba políticos, juristas y delincuentes. Todo esto, a pocos meses de iniciado otro caso similar y también, a manera de una carrera para acabar con todas las ramificaciones del crimen organizado.
Resulta equivoco pensar en culpas e individualidades, ajeno completamente a los discursos ‘anti’ de los últimos años, las esferas delincuenciales hicieron de las suyas dado que jamás se contempló el blindaje anticorrupción al sistema de justicia, mismo que podría ubicar a estos personajes, detenerlos y penarlos por su actuación con la sociedad civil.
No es por sorprenderse entonces, el acontecer actual. Donde aquellos defensores de la ley habrían de decepcionarnos, vulnerar nuestros derechos y dejarnos sin protección enfrentando delincuentes.
En ese contexto, el porvenir deberá cargarse con injerencia política, sí. Evitando el conformismo repetitivo propio de los cien primeros días de nuevos gobiernos que entran con fuerza y con velocidad, pero que enfrían sus actuaciones, relegan protagonismo a ministros populares o seden la responsabilidad altísima del empirismo a la tropa, dejándose llevar por la tentación de la simpleza que existe en creer que el éxito se mide en cuantas leyes se crean desde la comodidad de su escritorio.
En muy poco tiempo seguramente, veremos los resultados, y de esto valdría la pena analizar si es necesaria la permanencia de algunas autoridades, de ciertas dignidades dadas o funcionarios. También, de la correcta aplicación de las nuevas leyes y si en caso fuera, purgar al estado ecuatoriano una vez más. (O más). Hasta que se haga de Ecuador, de nuevo un país de paz.
Darío Xavier Alejandro Ruiz
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