El reciente caso que hoy sacude a Loja, donde un padre enfrenta graves cargos de «pornografía infantil» por compartir fotos de su hija bañándose en un río con la propia madre, es un síntoma alarmante de un sistema que ha perdido el norte. Presenciamos la perversión de los mecanismos legales, diseñados para proteger a los más vulnerables, transformados en brutales armas arrojadizas dentro de disputas por la custodia.
Resulta un despropósito procesal y moral que se acuse formalmente de distribución de material ilícito antes siquiera de poder periciar los dispositivos incautados. Se pisotea la presunción de inocencia, destruyendo la reputación de un individuo mediante una condena pública anticipada y sin pruebas. Capturar la cotidianidad de la infancia, momentos destacados o simpáticos, es una conducta parental universal. Criminalizar esta absoluta normalidad evidencia una peligrosa miopía institucional.
Detrás de esta denuncia parece asomar una motivación sumamente oscura: una madre que, tras haber abandonado a las menores en su primera infancia, busca arrebatar la custodia a cualquier precio. Fabricar acusaciones de esta enorme gravedad constituye una forma de abuso psicológico severo. Se instrumentaliza cruelmente a las niñas, tratándolas como un botín de guerra, y se trivializa el verdadero flagelo de la explotación infantil al saturar a los juzgados con casos prefabricados.
Cuando el sistema actúa con inercia punitiva, ignorando el análisis riguroso de las dinámicas familiares de fondo, deja de administrar justicia para convertirse en verdugo. Es absolutamente imperativo que las autoridades logren filtrar la mala fe litigante antes de destrozar la vida a un padre.
Victoriano Suárez Álvarez
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