Jueza Penal de Loja negó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía de Pichincha.
La audiencia de formulación de cargos de Diego R. A., de 31 años, por el presunto delito de revelación ilegal de base de datos y acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, en concurso real de infracciones, fue la tarde y noche del jueves 28 de julio de 2022.
En la diligencia la Fiscalía de Pichincha, con sede en el cantón Quito, que investiga ese presunto delito informático, exhibió las pruebas que demostrarían que Diego R. A., supuestamente, habría cometido ese delito y por eso pidió la prisión preventiva para el investigado.
De 1 a 3 años de cárcel
Quien revele información de una base de datos a través de un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones violando la privacidad de las personas será sancionado de 1 a 3 años de cárcel, de acuerdo al Art. 229 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Pese al pedido de prisión preventiva que la Fiscalía solicitó para Diego R. A. y justificó, la jueza negó esa medida cautelar y dispuso que él acuda a la Fiscalía de Loja los lunes, miércoles y viernes; que se retengan sus cuentas; que no se enajenen sus bienes; y no viaje fuera de Ecuador.
Obtendría datos del CIES
A Diego R. A. la Fiscalía y la Policía de las unidades de Ciberdelitos de esas dos instituciones lo investigaban y la madrugada del jueves 28 de julio de 2022 allanaron la casa en donde vive el ciudadano para detenerlo e incautar los equipos que usaba, presuntamente, para cometer esa infracción.
Los datos que Diego R. A., de la provincia de El Oro, habría obtenido ilegalmente del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), plataforma que se abastece de la Dirección Nacional de Registros Públicos, sabría venderla fraudulentamente a personas naturales y jurídicas que se lo requerían.
PARA SABER
De acuerdo al Art. 229 del Código Orgánico integral Penal (COIP) él sería condenado de 1 a 3 años de cárcel, si es encontrado culpable.