La inseguridad jurídica en nuestro país es un asunto sumamente preocupante, los robos, los asaltos, los asesinatos, el narcotráfico, el sicariato, la crisis carcelaria y los fallos de la Justicia alejados de las normas legales y constitucionales, son la constante en el día a día, y no solo es cuestión de percepción, sino una funesta realidad, que va minando la estabilidad de la democracia.
El habeas corpus, otorgado a favor del convicto Jorge Glas, por un Juez de Manglar Alto, ha sido cuestionado no solo en los estamentos jurídicos, sino en la sociedad civil, que no logra asimilar hasta la fecha qué argumentos usó el juez de marras, para permitir que el reo abandone el reclusorio de Latacunga, este hecho conmovió al país y tanto la Presidencia de la República como la Fiscalía General del Estado, mediante sendos comunicados, manifestaron su rechazo a la decisión tomada por un juez codicioso.
Los ecuatorianos se sienten defraudados por la Justicia en el tratamiento que se da a los casos de corrupción, que permite «dejar hacer y dejar pasar», coincidencialmente en estos casos hay una lentitud asombrosa en el trámite, a tal punto que permiten la impunidad.
El caso Glas conmovió la conciencia ciudadana excepcionado a sus adláteres que aplauden a rabiar la decisión del Juez que lo puso en libertad, violentando normas y procedimientos legales. Ni bien el acontecimiento narrado asombró al país, nos sorprende el asesinato de Miguel Ángel Nazareno, procesado por la captación ilegal de dinero y a quien lo silenciaron para que no hable en los juzgados y tribunales de la República, para cubrir la espalda de coautores, cómplices y encubridores, cuyo cadáver, maniatado y con heridas fue encontrado en la maleza de un campo abierto de Amaguaña.
Luis Muñoz Muñoz