Con incredulidad aterradora, hace más de un año, las cámaras de vigilancia de un barrio esmeraldeño, a través de un medio televisivo, envió imágenes de cómo un niño de 11 años, aleccionado por una persona adulta, tras lograr una ubicación estratégica, disparó algunas veces a un policía, quien, víctima de las balas cayó mortalmente herido y falleció. De seguro, aquel niño que, tempranamente, se convertía en asesino, debió estar rindiendo su primer examen en la escuela del crimen, manejado por avezados sicarios y delincuentes, y se graduó con honores.
Para nadie es desconocido que, en nuestro país, las bandas delincuenciales que vienen atentando contra la seguridad de los habitantes del país mediante el narcotráfico y el crimen organizado, reclutan a niños y adolescentes para adiestrarles mediante severos entrenamientos, a cambio de la oferta de recursos económicos para sí y su familia, debiendo responder a esos halagos monetarios con la comisión de delitos execrables como asesinatos, sicariatos y fragmentación de cadáveres, a sabiendas de que los niños y adolescentes, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), no son objeto de sanciones punitivas rigurosas.
La Asamblea Nacional, luego de cinco años, había retomado el tema de la aplicación de sanciones para los menores que cometen asesinatos y otros de igual jerarquía, entrando en un debate que, por asuntos de orden político, ante la cercanía de las elecciones, dejan para ser tratado en otra oportunidad.
Sin embargo, dos bandos de legisladores, con criterios bien definidos, se formó en el Legislativo: que se aplique la ley de acuerdo con la gravedad de la falta, al igual que se hace con un adulto con las mismas penas; el otro, en cambio, que se aplique una justicia restaurativa que impulse, en centros de rehabilitación adecuados, la recuperación integral de los infractores menores para que logren su reinserción en la sociedad.
Si la educación llegara a aquellos ámbitos en donde la delincuencia organizada ha ganado terreno, posiblemente, los asambleístas no tuvieran que romperse la cabeza en acalorados debates sobre reformas para sancionar a los menores infractores. La verdad que falta una buena legislación de la Asamblea y mayor trabajo del Gobierno. ¡Salvemos a nuestros niños y adolescentes!
Darío Granda Astudillo