Ecuador no vive una ola de violencia pasajera, sino un proceso de adaptación social donde la ley del más fuerte desplaza al Estado de derecho. Esta normalización implica que el miedo, las extorsiones y los homicidios se han integrado en la rutina diaria. Ante la impunidad judicial y la falta de oportunidades, el delito se convierte en el mecanismo más efectivo para sobrevivir, resolver conflictos y acumular poder. Como consecuencia, la ciudadanía se ve obligada a alterar sus horarios, cerrar negocios y recluirse en sus hogares, abandonando unos espacios públicos que pierden su cohesión y confianza vecinal.
Esta crisis estructural surge por el avance del crimen organizado, el desempleo juvenil y la debilidad de las instituciones estatales. Al no sentir protección, comunidades enteras quedan atrapadas bajo las reglas de bandas delictivas. Este entorno hostil fomenta un aprendizaje social destructivo: al convivir diariamente con balaceras y crímenes, la población especialmente los niños y jóvenes, pierden la capacidad de asombro y asimilan la agresión como un código válido de convivencia. Finalmente, el problema se refuerza desde el ámbito familiar, donde el maltrato físico y el castigo aún se emplean con frecuencia como métodos educativos legítimos.
El odio en redes sociales es un reflejo digital directo de la violencia y el miedo que se viven en las calles. Al sentirse impotente ante la delincuencia y la falta de justicia, la ciudadanía utiliza internet como un canalizador para descargar su rabia, frustración y estrés acumulados. Esto provoca una alarmante pérdida de empatía que lleva a las personas a insultar con crueldad, celebrar tragedias ajenas y linchar digitalmente a quienes piensan diferente, creando un entorno virtual tóxico que daña la salud mental y refuerza la agresividad en la vida real.
Luis Fernando Pilco Peñaherrera
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