Si la violencia política de género tuviera las verdaderas sanciones que se merece, existieran partidos políticos y personas que no tuvieran derechos políticos, pues la política de este país tiene rostro de hombres y se manejan con los hilos que mejor les ayudan.
La violencia política de género puede presentarse de diversas formas, incluyendo agresiones verbales, campañas de desprestigio, acoso en redes sociales, discriminación dentro de organizaciones políticas, exclusión de espacios de liderazgo, amenazas e incluso violencia física. Estas prácticas buscan desalentar la participación femenina y perpetúan las desigualdades históricas existentes en la esfera política.
Pero en Ecuador la carta de la violencia política se juega al mejor postor, pues cuando la violencia se da desde otras esferas, existe celeridad procesal y se ejecuta sobre el mismo. La sanción hacia la violencia de género en la política tiene más la forma de un instrumento útil a ciertos poderes políticos más que una reivindicación de la participación de las mujeres en la vida pública.
Cuando la violencia viene de esferas más pequeñas, los procesos se dilatan y se invisibilizan llegando muy pocas a subsanaciones reales, pero si la figura política es oposición, se hacen mediáticos y quedan en escrutinio público. Muchas mujeres abandonan la participación política, reducen su exposición pública o limitan su liderazgo debido al desgaste emocional, económico y social que implica enfrentar estas situaciones.
La lucha contra la violencia política de género exige que las instituciones actúen con independencia, imparcialidad y coherencia. La protección de los derechos de las mujeres no puede depender de su posición política, de su nivel de influencia o de la conveniencia del momento. La democracia solo será verdaderamente representativa cuando todas las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones, libres de violencia, amenazas y discriminación, y cuando las sanciones se apliquen con el mismo rigor para todos los responsables, sin distinciones ni privilegios. Es por ello que el Estado debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, erradicar la violencia y asegurar que las estructuras sociales, económicas y políticas no perpetúen la discriminación, del mismo modo la sociedad civil juega el rol más importante de no normalizar los actos violentos que se agravan día con día.
Verónica Capelo N.
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