Los niños Josué, Ismael, Saúl y Steven, habitantes del populoso sector de Las Malvinas, en la ciudad de Guayaquil, desde el pasado 8 de diciembre, están desaparecidos, presuntamente, luego de haber sido interceptados por personal militar. No cabe duda que su condición de pobres y afro-ecuatorianos, los coloca en una condición de desventaja a la hora de esclarecer este hecho, más en un país donde las desigualdades determinan, en la realidad, la existencia de ciudadanos de primera, segunda y demás categorías. Al momento de escribir este comentario, las preguntas (aún sin respuestas) abundan y crecen con el pasar de las horas, así como también escala la indignación de la gente al mirar la indiferencia de las autoridades, en sus diferentes niveles jerárquicos y de competencia. Tanto es así, que debió transcurrir 14 días para que el presidente de la República, publique un tuit haciendo referencia a este lamentable evento que ciertamente ha conmocionado al país. De su parte, el bloque de seguridad, integrado por ministros y autoridades de la fuerza pública, también en forma tardía, apenas si lograron hilvanar un mensaje, por demás contradictorio, que antes que clarificar este oscuro panorama, generó nuevas interrogantes y preocupaciones.
Resulta claro que enfocar la solución de la inseguridad en el Ecuador, desde el ámbito exclusivamente de la aplicación de la violencia legítima, resulta insuficiente para dar una respuesta integral a este complejo problema, en tanto se abre la posibilidad de afectar no solamente las libertades sino el propio derecho fundamental a la vida, producto de los abusos o excesos por parte de agentes estatales.
Por lo tanto, corresponde a la Fiscalía General del Estado y a los operadores de justicia, acelerar las investigaciones y decirnos la verdad, así como determinar y sancionar a los responsables de estas atrocidades.
Las desconsoladas familias y todo un afligido pueblo esperan que los niños puedan regresar a sus hogares. ¡Los queremos vivos!
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion