Una de las personas privadas de la libertad que la madrugada del sábado 8 de enero de 2022 fue traslada a uno de los centros de rehabilitación social de las provincias de Azuay, Cotopaxi y Manabí estaba por cumplir con el 60% de su pena y aspiraba solicitar el régimen semiabierto.
Los familiares de varias personas que fueron trasladadas han acudido a solicitar los servicios de los abogados en libre ejercicio para presentar acciones legales en contra de esa disposición para que la misma quede sin efecto y los presos regresen a la cárcel local.
Los abogados advierten que la disposición para trasladar a las 100 personas privadas de la libertad a las cárceles de las ciudades de Cuenca, Portoviejo y Latacunga no tiene un sustento legal ni siquiera a pretexto del hacinamiento que habría en la cárcel local.
CLAVE
La madrugada del sábado 8 de enero de 2022 los 100 privados de la libertad fueron llevados a tres centros carcelarios.