La fuerte temporada invernal está devastando la provincia de Loja. En varios cantones los sistemas de agua potable han colapsado, las vías y los caminos vecinales destruidos, calles y viviendas llenas de lodo y cultivos arrasados por las crecidas de ríos y quebradas. A todos estos desastres se suma el peligro inminente de un rebrote de dengue en el área rural de la provincia. Esta predicción es altamente probable. Las malas condiciones sanitarias en las que vive la población rural es el caldo de cultivo de los vectores propagadores de enfermedades infecto-contagiosas. Esta triste realidad, a todas luces, nos demuestra que las autoridades de Loja duermen en los laureles. No cuentan con planes de contingencia y emergencia para enfrentar cualquier amenaza de desastre, como inundaciones, pandemias, sequías, incendios, etc.
Si bien es cierto, la Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial otorgan a los GAD provinciales, cantonales y parroquiales la competencia de la Gestión de Riesgos de Desastres, no obstante, estas instituciones han avanzado muy poco en la definición de estrategias de mitigación, respuesta y reconstrucción de daños que puede sufrir los territorios, como consecuencia de los cambios climáticos.
Los administradores de la cosa pública no están empoderados ni priorizan la GRD en sus agendas de trabajo. La razón es sencilla: la GRD no reporta votos a los políticos que tienen intereses electorales coyunturales. Prefieren que sucedan los desastres antes que prevenirlos, con el fin de entregar dádivas a la población y declarar a la provincia en estado de emergencia para contratar obras a dedo. Esto explica el desinterés de las autoridades locales en la elaboración de los PDOT desde un enfoque del desarrollo integral sostenible, centrado en la GRD.
Yubor Santín Guerrero