La Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, tiene como objetivo primordial la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención y seguimiento de los diferentes casos de violencia de género, permitiendo un manejo judicial supuestamente más ágil y eficaz, además propone la articulación de las diferentes instituciones públicas, así como la participación directa de la sociedad civil.
Según un estudio realizado por el diario el Comercio la aplicación de ésta ley le cuesta a Ecuador anualmente alrededor de 4.608 millones de dólares. Este monto incluye los costos de prevención, atención y sanción. ¿Pero, a pesar de que esta ley está en vigencia desde el año 2018, ha tenido el alcance que se deseaba?
En noviembre del 2024, el Consejo de la Judicatura informa que, entre agosto de 2023 a octubre de 2024, se produjeron 1072 muertes de mujeres, entre femicidios y otro tipo de muertes violentas.
En el 2024, el ECU 911, de enero a octubre atendió 76.417 llamadas por temas relacionados con violencia de género, en el mismo año en la Fiscalía General del Estado se receptan 24.126, pero de todos estos casos ¿cuantos llegaron a término judicial, en cuantos se rompió el ciclo de la violencia, ¿cuántos de estos casos concluyeron un tratamiento psicológico adecuado, en cuantas familias se erradicó las diferentes formas de violencia y se brindó la posibilidad de mejorar su estilo de vida?
Esta ley a pesar de ser un avance legal sumamente importante, no ha tenido el impacto deseado, ya que en la práctica se evidencian una serie de falencias las mismas que con el pasar del tiempo se han venido agudizando, entre algunos problemas que se han identificado, podemos mencionar: la falta de una cultura de prevención propia de nuestra sociedad, la naturalización de la violencia en especial en sectores rurales, falta de una adecuada capacitación y sensibilización para los funcionarios públicos que tienen participan en estos temas, y el más importante: un sistema judicial ineficiente, que deja muchas dudas en el procedimiento, en el criterio para la tipificación de los delitos en base a hechos de violencia, como por ejemplo la violencia psicológica, y en especial en la ejecución de las sanciones por los supuestos delitos denunciados.
Luis Fernando Pilco Peñaherrera
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