La simplificación extrema siempre termina en tontería. Sucede en todos los campos del saber humano. Ministros de papel pontifican con gesto serio y con ademanes doctorales sobre temas y asuntos que ignoran. Uno de los puntos en los que concuerdan los altos funcionarios que nada saben con los grandes periodistas que todo desconocen es la función del presupuesto en un Estado democrático. Algún experto de alquiler habla muy suelto de huesos de un excesivo “gasto público” queriendo dar la impresión de que todo el dinero que el Estado usa solo sirve para cosas inútiles. El entrevistador asiente meditativo y respalda esta afirmación. Asoma entonces el inevitable porcentaje del producto interno bruto que ambos personajes reprueban con horror. De inmediato se pasa a la deuda externa cuyo pago oportuno, para numerosos economistas televisivos, parece ser la única forma de llegar a la iluminación y el éxtasis. Se tratan temas serios como si fueran naderías sobre las cuales hay que repetir siempre las mismas palabras gastadas. Y con esta misma ligereza irresponsable se plantean proyectos de ley, se expiden decretos, se utilizan motosierras imaginarias para mutilar instituciones y vidas.
El punto final de los egresos que organiza y realiza el Estado no es el gasto en sí mismo, sino el cumplimiento de los fines que la sociedad organizada persigue y que se condensan en el bienestar de los ciudadanos a través del ejercicio de los derechos. Para alcanzar estos objetivos primordiales, necesariamente deberá utilizarse el dinero que se recauda, porque da la casualidad de que los seres humanos, para persistir en nuestro empeño de seguir vivos, necesitamos alimentación, salud, educación, cultura, condiciones ambientales propicias, seguridad y una esperanza moderada en que las generaciones siguientes podrán sobrevivir a todas las futuras catástrofes naturales y neoliberales.
Cuando se limita el ejercicio del poder a simplonas sumas y restas, se sustrae el bienestar y se multiplica la pobreza.
Carlos García Torres
cegarcia65@gmail.com