Mientras otros avanzan, Loja se ahoga en su propia sequía. No es metáfora: es la cruda realidad de una ciudad donde el grifo seco se ha vuelto normalidad, donde familias enteras dependen de carrotanques como si vivieran en zona de desastre, donde las promesas políticas se evaporan más rápido que el agua de sus quebradas. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta duele: décadas de miopía gubernamental, obras mal ejecutadas y una cadena de administraciones que trataron el agua potable como privilegio en lugar de derecho.
Lo escandaloso no es la crisis, sino su previsibilidad. Desde buen tiempo, los informes técnicos alertaban sobre la obsolescencia del sistema de captación y conducción y la necesidad urgente de nuevas fuentes. Sin embargo, alcaldes de todos los colores políticos optaron por parches: tuberías siglo XIX para una ciudad del siglo XXI, proyectos «emergentes» que se eternizan. El resultado es este presente absurdo: una ciudad universitaria, culturalmente pujante, obligada a racionar agua como si fuera pueblo fantasma.
Pero hay algo más perverso que la incompetencia: la normalización del fracaso. Mientras administraciones cercanas modernizan sus sistemas con plantas de tratamiento de última generación y amplían sus redes de distribución, en Loja se nos vende como «logro» que los carrotanques lleguen a tiempo. Se ha creado toda una economía de la escasez. Y es que no se necesitan más diagnósticos: propuestas existen y duermen en gavetas. Lo que falta es voluntad política para: i) Construir nuevas fuentes de abastecimiento (no parches), ii) Auditoría técnica independiente a toda la red, iii) Sanciones reales por negligencia administrativa.
¡Loja no se merece esto! El agua no es regalo de políticos: es derecho constitucional. Cuando una sociedad entera depende de la buena voluntad de un carrotanquero, no estamos ante una crisis hídrica: estamos ante el fracaso monumental del Gobierno de turno. ¡La sed de justicia social, al menos esa, no se sacia con discursos!
Paúl Cueva Luzuriaga
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