La consulta popular tiene dos preguntas ambientales, analicémoslas

Este 5 de febrero, a más de las elecciones seccionales y de los vocales para el CPCCS, los ecuatorianos debemos responder 8 preguntas propuestas por el gobierno nacional, cuyo fin es realizar modificaciones de alcance constitucional.

La pregunta séptima del referéndum propone como mecanismo para cuidar el agua, incluir dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas una nueva categoría de conservación que se denominaría Área de Protección Hídrica; y la pregunta octava plantea implementar una estrategia, que será regularizada por el Estado, para compensar económicamente la generación de servicios ambientales en territorios con altos niveles de conservación.

Por la afinidad de unos o por el fanatismo de otros, los ecuatorianos en su mayoría dirán que sí a estas dos preguntas; sin embargo, para la correcta aplicación de los instrumentos que se generen por estas reformas, la Autoridad Ambiental Nacional deberá controlar la minería ilegal, evitar posibles conflictos normativos por existir intereses mineros en zonas protegidas y finalmente cumplir con otro mecanismo de compensación, ya existente, como lo es Socio Bosque.

La consulta popular, más allá de medir popularidad del actual gobierno, representa una oportunidad para optimizar procesos, reconocer derechos y priorizar deberes, tanto para las y los ecuatorianos, como para el Estado.

Anhelo que este referéndum no se preste como cortina de humo para otros intereses, por ello debemos revisar, analizar y decidir con responsabilidad.

Benjamín Ludeña

benjamin.ludena@gmail.com

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