En el ámbito judicial, uno de los pilares fundamentales es el principio de imparcialidad. Este principio establece que los jueces deben actuar de manera objetiva y sin favorecer a ninguna de las partes involucradas en un proceso. Sin embargo, en la práctica, la actuación de algunos jueces ha generado preocupación debido a los excesos en el uso de la prueba de oficio, lo que compromete seriamente su neutralidad y afecta la percepción de justicia.
La prueba de oficio permite que un juez, en ciertos casos y bajo condiciones específicas, ordene la presentación de pruebas adicionales que no hayan sido solicitadas por las partes. Este recurso, concebido para evitar injusticias en situaciones donde una de las partes puede estar en desventaja, resulta vital en la búsqueda de una verdad material y, en teoría, permite al juez esclarecer hechos que las partes no logran demostrar por sí solas. Sin embargo, el problema surge cuando esta facultad se utiliza de manera indiscriminada y fuera de contexto, generando dudas sobre la verdadera motivación del juez.
En la práctica, el uso excesivo de la prueba de oficio puede derivar en una intervención activa del juez en la producción de pruebas, lo cual difumina las fronteras entre las funciones de juzgar y de investigar. Esta postura, aunque puede justificarse en algunos casos excepcionales, atenta contra la imparcialidad del juzgador, pues lo coloca en una posición que parece favorecer a una de las partes en perjuicio de la otra. La imparcialidad judicial no solo debe ser una realidad, sino también debe percibirse como tal; cualquier atisbo de favoritismo mina la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.
El respeto al principio de imparcialidad debe ser una prioridad en el sistema judicial. Los jueces, en su rol de guardianes de la justicia, deben recordar que cada exceso en la prueba de oficio es un paso hacia la pérdida de confianza de la ciudadanía en la administración de justicia.
Daniel González Pérez