En época de campaña, los candidatos llenan de elogios a la ruralidad, pero una vez instalados en el poder reducen al concejal rural a un rol testimonial. Malacatos, con sus 205,9 km² y 8.669 habitantes, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 del INEC, y el resto de parroquias rurales exigen representatividad y respeto.
El sector rural sigue siendo el sostén silencioso del erario: representa el 18% de la población cantonal y la mayor parte del territorio. Mientras la recaudación fiscal del cantón Loja alcanzó 52 millones de dólares en el primer semestre de 2025, una parte importante proviene del Impuesto Predial Rural (ordenanza 0061-2023). Sin embargo, ese flujo no retorna con la misma fuerza en inversión técnica al territorio que lo genera.
La administración moderna no puede seguir siendo caudillista. El alcalde debe asumir el rol de gerente de territorio: optimizar activos, atraer inversión internacional (BID y otros), ejecutar presupuestos bajo el decreto 70/30 priorizando la inversión sobre el gasto corriente y tratar a las parroquias rurales como verdaderas unidades de desarrollo que demandan eficiencia técnica.
Esta eficiencia solo es posible si las autoridades electas recuperan los valores de la República y la democracia, donde el concejal rural debe estar alejado de toda doctrina partidista o ideología de grupo que limite su accionar. Los partidos y sus dogmas suelen ser el freno de los políticos decentes comprometidos con el desarrollo real. La lealtad debe ser hacia las gestas libertarias que nos dieron patria. El concejal rural no puede ser sinónimo de “simple”, sino de voz técnica, articulada y comprometida con quien tenga la capacidad real de gerenciar el territorio. Es hora de exigir que la gestión pública se fundamente en procesos institucionales que fortalezcan a nuestras comunidades y preparen el terreno para un desarrollo duradero.
Josueth Llivisaca
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