El Ecuador vive momentos difíciles derivados del deterioro de la economía doméstica cuya contracción en el segundo trimestre 2020 (comparado con igual periodo del 2019) es de 12,4% explicado tanto por la reducción del gasto público, consumo de hogares y de las exportaciones, lo que habla del desastroso impacto que ha tenido y tiene la pandemia en el aparato productivo, así como por el manejo errático de la política económica por parte de un gobierno que no ha tenido la capacidad de entregar certezas a inversores nacionales y extranjeros.
En esas condiciones de precariedad económica, alta conflictividad social y política, algo más de 13 millones de ecuatorianos nos aprestaremos a participar en un nuevo proceso eleccionario.
De ahí que en consideración a la situación actual de crisis económica desbordada y una emergencia sanitaria que no ha sido superada, debemos los ciudadanos actuar con absoluta responsabilidad. No se trata solamente de cumplir a regañadientes con una obligación constitucional como es la de ejercer el sufragio. Debemos entender, más bien, que como electores tenemos en nuestras manos la posibilidad de decidir, mediante un voto meditado, reflexivo, quienes deberán -por méritos- representarnos a nivel de la función ejecutiva y legislativa.
No podemos caer en la irresponsabilidad de desentendernos del futuro de nuestra Patria. Me temo que si nos equivocamos -una vez más- en la elección de las próximas autoridades, estaremos enterrando las posibilidades de salir de este agujero negro lo que conllevaría, tarde o temprano, graves implicaciones para la propia estabilidad democrática dada la gran efervescencia social existente y que se ha mantenido represada, contenida como olla de presión, por los efectos del coronavirus.