La administración municipal pretende incrementar la tarifa de agua potable bajo el argumento de que no se la ha revisado en 15 años y que la inflación ha disparado los costos operativos. Sin embargo, un análisis técnico revela una realidad distinta, el usuario está siendo víctima de una gestión administrativa profundamente ineficiente y podría ser objeto de una Denuncia Ciudadana.
El factor inflacionario es una excusa insuficiente. Con una inflación promedio anual del 1,8% (2011–2026), el impacto real en una economía dolarizada es marginal. El verdadero problema no son los insumos, sino el descontrolado crecimiento del aparato burocrático municipal. Mientras la población de Loja creció apenas un 18,8% en estos 16 años, la nómina municipal creció 160,8%, pasando de aproximadamente 1.150 a 3.000 funcionarios. Este incremento de 1.850 plazas es el principal responsable del déficit municipal, no los costos operativos.
Súmese a esto la explosión de la masa salarial. El Salario Básico Unificado aumentó un 100,8% (de USD 240 a USD 482), impactando directamente las remuneraciones del personal, que han subido entre un 21% y un 64%. Cuando una entidad prioriza el mantenimiento de su propia estructura sobre la eficiencia operativa, cualquier cálculo tarifario se convierte en una mera ficción.
La negligencia técnica agrava la situación. El Plan Maestro, lejos de ser un modelo de gestión, se ha vuelto un sumidero de recursos. Miles de dólares se destinan anualmente a reparaciones por fallas estructurales, dinero que debería invertirse en mejorar el servicio. En lugar de optimizar su operación, la administración traslada su ineficiencia al bolsillo del usuario.
Cobrar una tarifa técnica fundamentada en una burocracia inflada y en reparaciones constantes por negligencia operativa constituye un acto administrativo ilegítimo. Esta alza no responde a la inflación, sino a una gestión incapaz de sostener sus excesos. Persistir en este cobro vulnera el principio de eficiencia y podría ser sancionado por la Contraloría y el sistema judicial por enriquecimiento injustificado a costa de los usuarios. La ciudadanía, que recibe un servicio deficiente, no debe financiar la ineficiencia de un cabildo que antepone su crecimiento administrativo a la calidad del agua (ARCSA 2025).
Pablo Ortiz Muñoz
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