Si hablamos de corrupción en nuestro país, esta ha tenido un impacto negativo en el desarrollo del Ecuador, afectando aspectos de tipo social, económico, político y cultural. A lo largo de su historia, la mala gestión de los recursos públicos y la falta de transparencia han generado un debilitamiento institucional, lo cual, ha creado desconfianza en la ciudadanía y limitantes para la inversión interna y externa.
Una de las consecuencias de mayor impacto ha sido el desvío de fondos públicos destinados a infraestructura y servicios básicos, generando con ello falta de acceso de la población a la salud, educación, agua potable, alcantarillado, etc., incrementado por efecto de la misma la pobreza y la desigualdad social en el país, y con ello el deterioro de la calidad de vida de los ecuatorianos.
A esto se suma, la inestabilidad política, con escándalos que han llevado a la destitución de altos funcionarios, creando un entorno poco favorable para el crecimiento económico, ya que la incertidumbre desincentiva la inversión y el desarrollo empresarial, donde por lo general las empresas locales que debelarían contribuir al crecimiento del país, enfrentan barreras para competir en un mercado poco favorable por efecto de la corrupción.
Si topamos al Sistema Judicial, su debilitamiento es notorio, sobre todo en las últimas décadas, donde por consecuencia de la injerencia política y el crimen organizado, su accionar ha sido negativo, al extremo de aceptar la corrupción como algo normal a nivel de funcionarios, contribuyendo con ello a la impunidad, desalentando la denuncia ciudadana y perpetuando con ello el ciclo de la corrupción, lo que dificulta el fortalecimiento de la gobernanza.
Si observamos a la misma de forma frontal, está ha socavado la moral ciudadana, generado desconfianza en las instituciones, inestabilidad política y ha debilitado el Estado de derecho, involucrando de forma indirecta a toda la ciudanía.
Pablo Ortiz Muñoz
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