En 2023, el Gobierno del expresidente Guillermo Lasso conformó una comisión ciudadana independiente para elaborar una propuesta de reforma al sistema de pensiones del Ecuador, a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La comisión, coordinada por el economista Augusto de la Torre, no tuvo carácter oficial y, por ende, sus propuestas no fueron vinculantes.
La comisión concluyó que es urgente reformar el sistema de regímenes de invalidez, vejez y muerte (IVM), pues presenta cuatro graves falencias: es insostenible, inequitativo, tiene baja cobertura y credibilidad, y un arreglo institucional disfuncional. Enfatizó que, tal como está diseñado, resulta inviable debido principalmente al cambio demográfico (mayor esperanza de vida y menor tasa de fecundidad).
La comisión precisó que, contrariamente a lo que se cree, la “contribución obligatoria del Estado” del 40% de las pensiones no alcanzará para cubrir el crecimiento del déficit del IVM. Añadió que la erosión de su credibilidad dificulta la ampliación de la afiliación, lo que socava la aspiración de universalidad consagrada en la Constitución. Señaló, además, que la disfuncionalidad de la gobernanza del IESS obedece tanto a un error de diseño como a la acumulación de decisiones antitécnicas, fruto de una excesiva politización. Asimismo, advirtió que, en ausencia de reforma, al IVM le quedan pocos años de vida.
Las reformas que propuso la comisión se organizaron en torno a ocho acápites, que se refuerzan entre sí y deben analizarse como un todo. Estos son: a) respeto a los derechos adquiridos; b) integridad institucional; c) aspectos fiscales; d) reformas paramétricas al IVM; e) planes de ahorro para la vejez; f) trabajadores independientes formales; g) seguro de desempleo; y h) pensiones asistenciales antipobreza.
A pesar de la importancia de la propuesta, esta ni siquiera ha sido debatida por los órganos públicos encargados de tan delicado tema; seguramente está, con varios centímetros de polvo, escondida en un cajón de los típicos burócratas que pululan en la administración pública. Cuando lleguen los problemas y la plata no alcance para pagar las pensiones jubilares, buscarán a quién echar la culpa de sus propias irresponsabilidades. Advertidos estuvimos.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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