Aún no hay una denuncia formal, ni se conoce en qué se basaría el pedido.
La Asamblea Nacional prevé sesionar esta semana virtualmente y en Portoviejo este miércoles 8 de marzo de 2023 retomarían la presencialidad y se especula que ahí se presentaría el pedido oficial de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, que le significaría la censura y destitución del cargo.
El pedido, según se especula lo haría el bloque ‘correísta’-UNES, sin embargo, también hay voces de la muerte cruzada para disolver la Asamblea.
Darwin Pereira Chamba, asambleísta por la Provincia de El Oro, expresa que hay un cúmulo de argumentos que se han ido detallando durante un proceso, “el informe no implica que automáticamente se convierte en juicio político. Alguien tendrá que plantearlo y de hacerlo hay que ver si toma todo el informe o parte, una o varias pruebas (…) al final del día estamos elucubrando porque no tenemos aún el juicio político”, puntualiza.
Deja en claro que UNES tiene 47 asambleístas y con eso les alcanza para realizar el pedido, considerando que puede tomar la batuta uno o varios legisladores, con el apoyo de las terceras partes del miembro de la Asamblea que en número son 46.
El pedido debe pasar por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que revise los requisitos que exige la Constitución y la Ley Orgánica y de aprobarlo va a la Corte Constitucional.
A criterio del articulista, Gustavo Ortiz Hidalgo, el informe presentado por la comisión ocasional, creada por la Asamblea General refiere a una manipulación y forzamiento de la información apócrifa que tenían para, con intención dolosa, configurar las causales establecidas en el Art. 129 de la Constitución, que permitan el juicio político en contra del presidente de la República. “Tan mal lo hicieron que crearon tipos penales que no existen en nuestro ordenamiento jurídico, desconociendo el derecho al debido proceso que cualquier estudiante de Derecho se lo sabe de memoria”, puntualiza.
Por su parte el dirigente barrial de Loja, Sixto Alvarado, considera que en el caso de darse el juicio político el Presidente tiene su debido derecho a la defensa, “en temas políticos son complicadas las expresiones que se emiten, por eso se debe actuar en base a la Ley”, puntualiza.
Al final, Alvarado, cree que esta situación genera más incertidumbre y ahonda los problemas del país, incluso no permite trabajar en una propuesta real para disipar la inseguridad del país.
CLAVE
Hay quienes esperan que mejor se trabaje en solucionar los problemas latentes del país como la inseguridad.