Los delitos van en aumento y nos agobian, ante este problema, debemos entender que la seguridad de los ciudadanos, está estrechamente vinculada a la libertad, la justicia y la paz, porque sin seguridad no podríamos ejercer los derechos y garantías previstos en la Carta Magna, en esta virtud es necesario actuar urgentemente. La panacea, no es declarar estado de excepción y sacar policías y militares a las calles y carreteras, sin resultados positivos. Hay que tomar decisiones urgentes, desde la perspectiva de las políticas públicas, incrementando planes y acciones concretas para facilitar el desarrollo de los habitantes en sus objetivos personales, sociales, económicos, políticos, libres de riesgos y amenazas. Hay que diseñar una estructura, de conducción política, gestión y control, de un plan de seguridad integral, multidimensional y plural, en el cual estén incluidas las fuerzas de seguridad y cuerpos policiales. Hemos asistido al desenfrenado avance del narcotráfico y del crimen organizado, porque no hemos tenido a tiempo un diagnóstico de gestión, que incluya comunicación eficiente y pública, mecanismos de compromiso, pro actividad y responsabilidad, y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios del Ministerio de Gobierno y de las fuerzas de seguridad sobre su desempeño en forma periódica, con información verídica, accesible y de calidad. La policía necesita procesos de formación y capacitación profesional, libre de “partidismos”; tomando en cuenta que la seguridad es técnica. Es necesario incrementar la capacidad de respuesta ante cada fenómeno delictivo, siguiendo las leyes, usando las técnicas investigativas, la tecnología y todos los recursos disponibles; que deben estar direccionadas al esclarecimiento total de los hechos, la desarticulación de las organizaciones criminales, el sometimiento de sus miembros a la justicia y la atención a las víctimas.
Luis Muñoz Muñoz