En Ecuador, el financiamiento público a las organizaciones políticas se sostiene en dos pilares. El primero, el Fondo Partidario Permanente, que se entrega a los siete partidos o movimientos más votados y debe destinarse, por mandato legal, a la formación y capacitación de sus militantes. El segundo, el Fondo de Promoción Electoral, cubre, en tiempos de campaña, la difusión de propaganda en prensa, radio, televisión, vallas y medios digitales, dentro de un presupuesto aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), evitando gastos descontrolados.
El problema radica en que el Fondo Partidario Permanente ha sido, en la práctica, uno de los recursos mal utilizados del sistema político. Lejos de convertirse en motor de educación política y formación de militantes, ha servido como caja de manejo discrecional para las cúpulas partidistas. Es hora de debatir si este fondo debe seguir existiendo tal como está o eliminarse. Una opción sensata sería que el CNE pague directamente y solo actividades de capacitación verificadas, con mecanismos de auditoría técnica y sanciones ejemplares para quienes desvíen su propósito, cerrando el paso a su uso clientelar.
Por otro lado, el Fondo de Promoción Electoral ha permitido campañas más equitativas, limitando la influencia de intereses privados y evitando que la política se convierta en un mercado para los más ricos. No obstante, su gestión debe blindarse de contrataciones infladas, empresas fantasmas y acuerdos con medios sin impacto real. Cada dólar invertido en democracia debe rendir cuentas claras a la ciudadanía.
Pero eliminar todo financiamiento público sería riesgoso, pues podría abrir la puerta a un regreso peligroso, las campañas dominadas por grandes chequeras privadas, como antes de 2008, donde los aportantes recuperaban su inversión con intereses a costa del Estado. Además, debe considerarse que estamos frente a un contexto donde las mafias han infiltrado las instituciones, eso sería entregar la política a los poderes más oscuros. Cuidado y el remedio resulta peor que la enfermedad, no obstante, el pueblo ecuatoriano tendrá la última palabra.
Daniel González Pérez
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