Tras la reelección del presidente Daniel Noboa para el periodo 2025-2029, ahora tal parece ser que el debate se centra en la conveniencia o no de la instalación de una Asamblea Constituyente con el propósito de redactar un nuevo contrato social o si, más bien, se profundiza en reformas constitucionales o enmiendas parciales a través de la Asamblea Nacional. De su parte, el ejecutivo, a través de sus voceros, si bien ha anunciado el carácter prioritario en la ejecución de esta propuesta, aún no ha explicado el alcance de la iniciativa y, consecuentemente, las condiciones en las que se produciría.
No obstante, más allá de la necesidad de efectuar ciertamente enmiendas y/o reformas al texto constitucional que estén acordes con los cambios que operan en una sociedad cambiante y bastante dinámica, es claro que el problema del Ecuador no se centra en la falta de un marco constitucional o legal que regule la sana convivencia. El principal desafío es el rescate institucional del país, así como traer de vuelta a la ética pública.
De ahí que la calentura no está en las sábanas, pues, de nada sirve que contemos con una impecable Constitución si su aplicación no es para nada virtuosa por parte de las personas que son quienes tienen la obligación de respetarla a pie juntillas.
Hablamos de una profunda revolución educativa y de valores donde se tenga claro la diferencia entre lo público y lo privado y en el que se identifique con bastante claridad el bien y del mal y se asuman los errores con la responsabilidad debida.
No se trata de tener una Constitución a la medida del gobernante de turno. Lo que corresponde es tener una Carta Magna que no sea más un papel mojado.
Giovanni Carrión Cevallos
@giovannicarrion