Como medida a este trágico evento, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción a nivel nacional mediante el Decreto Ejecutivo No. 841, que inicialmente incluía restricciones a la libertad de reunión y otras medidas de seguridad. Sin embargo, en un giro inesperado, el mismo día se emitió el Decreto Ejecutivo No. 843.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el jueves la imposición de un estado de excepción a nivel nacional en respuesta al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante un mitin electoral en Quito.
En un intento por abordar la creciente preocupación por la seguridad y el orden público en el país, el gobierno había emitido inicialmente el Decreto Ejecutivo No. 841, que establecía una serie de medidas, incluida la suspensión de ciertos derechos fundamentales.
Cambios en el nuevo decreto
El Decreto Ejecutivo No. 841, presentaba un período de validez de 60 días e involucraba la participación de las fuerzas militares para respaldar las operaciones policiales. También imponía restricciones en la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, aunque se enfatizaba que estas restricciones se aplicarían de manera respetuosa hacia las garantías constitucionales y en concordancia con las circunstancias de la excepción.
Sin embargo, en una sorpresiva medida adoptada más tarde en el mismo día, el presidente Lasso firmó un segundo decreto, el Decreto Ejecutivo No. 843, que eliminaba la limitación al derecho de libertad de reunión que había sido establecida en el Decreto 841. Esta modificación se fundamentó en la necesidad de facilitar el desarrollo del proceso electoral en curso y permitir que los candidatos y ciudadanos participaran en actividades democráticas sin restricciones excesivas.
El Decreto 843 revocó específicamente el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 841, que restringía el derecho a la libertad de reunión en el territorio nacional, y el Artículo 12, relacionado con otras limitaciones. El resto de las disposiciones del estado de excepción, tal como se establecieron en el Decreto 841, permanecieron vigentes durante el período de 60 días originalmente estipulado.
Reacciones al estado de excepción
La decisión del presidente Lasso de eliminar estas restricciones a la libertad de reunión en medio de un contexto electoral ha generado diversos puntos de vista. Patricio Valdivieso, abogado de la ciudad de Loja, expresó su preocupación por la gravedad de la situación y cuestionó la efectividad del gobierno en abordar los problemas estructurales de seguridad que han plagado a Ecuador durante años.
También abogó por un enfoque más integral en la lucha contra la delincuencia organizada y pidió una mayor presencia policial y militar para garantizar la seguridad ciudadana y subrayó que la sociedad ecuatoriana enfrenta la tarea de elegir líderes capaces de abordar los problemas estructurales y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.
Frente a la preocupante situación, el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana de Loja adoptó medidas adicionales base dentro del Cantón Loja, tomando en consideración la vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 841-2023, suspendiendo actividades que pudieran amenazar la seguridad de los ciudadanos.
La cooperación con las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador, se intensificó para llevar a cabo operativos de control en los puntos de acceso clave. Además, se solicitó la intervención de la Gobernación de Loja ante la SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores) para abordar el problema del hacinamiento carcelario en el Centro de Rehabilitación Social de Loja.
CLAVE
Patricio Valdivieso subraya que las elecciones se desarrollarán en un ambiente tenso y crucial para el futuro del país.