El derecho a la resistencia se encuentra garantizado en la Constitución de la República frente a las acciones u omisiones del poder público, por ello, corresponde al Estado escuchar, dar respuesta y soluciones a los planteamientos que legítimamente existen desde la ciudadanía.
La protesta social no debe confundirse con el vandalismo, pero tampoco debemos estigmatizar a todo sector de la población que reclama por determinadas políticas de carácter económico, social o productivo que afecten los bolsillos de los ecuatorianos, si bien todos los ciudadanos necesitamos ejercer una actividad laboral, no se puede dejar de evidenciar que la economía del día a día ha venido en detrimento y eso lo se lo siente en cada hogar.
El Ecuador del encuentro no debe quedarse como hasta ahora en un eslogan de campaña, ya que no podemos tener un Gobierno que no vea, no escuche y trate de minimizar a cualquier sector político o social. Lamentablemente desde el Ejecutivo existe una dinámica de convocar al diálogo, pero con puertas cerradas, de invitar a los sectores movilizados sin establecer fecha, de plantear una agenda distinta a la propuesta por el sector popular. El diálogo no puede ser una estrategia de discurso, la que ya se ha ido desgastando de a poco, recordemos que el expresidente Moreno pasó dialogando por cuatro años, pero sin ningún resultado, puesto que únicamente fue la práctica política de las encuestas de ese momento.
En la actualidad las movilizaciones no pueden atribuirse como una responsabilidad del propio pueblo, si estamos con algunos días de levantamientos en los que se siguen sumando cada vez más sectores, es porque no existe sensibilidad desde el Gobierno central para plantear soluciones a los temas de una agenda propuesta desde el primer día de manifestaciones.
Daniel Alexander González Pérez
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