Aprovecharse de la conmoción social que vive el país para elevar los precios de los productos de primera necesidad, a causa del paro progresivo nacional al que se vienen uniendo varios sectores sociales, es un acto indolente que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley.
Una de las causas del paro nacional es precisamente el alza de los precios de los principales artículos que conforman la canasta básica, pero el Gobierno nacional, a través de sus organismos competentes, poco o nada hicieron para poner un alto a los comerciantes abusivos que incrementan sus ganancias de manera ilegal, a costa del dolor de la gente que se ve indefensa ante los especuladores.
El Presidente Lasso recién en la semana anterior anunció un control severo a los precios de los productos que se expenden en tiendas, mercados y supermercados, pero la reacción del Gobierno es tardía y surge como consecuencia de la paralización nacional liderada por los movimientos indígenas y organizaciones sociales que cobra cada vez mayor fuerza.
Poner un alto a la especulación fue un tema que estuvo sobre el tapete mucho antes del inicio del paro, sin embargo, el oficialismo no le dio oídos al clamor de la ciudadanía que cada día se despierta con precios de los productos de consumo humano que se disparan, y tratan de justificar con excusas absurdas aduciendo que ello obedece a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero no dice que producto de esa misma guerra el país recibe más de 1.000 millones de dólares adicionales.
No hay derecho a seguir incrementando el ejército de pobres para seguir aumentando el capital de los ricos. Un Gobierno que se autodenomina del diálogo, nada de eso ha practicado. El diálogo se construye escuchando a la gente y atendiendo sus necesidades para lograr resolver sus problemas, si nada de eso se cumple, es lógico entonces que exista una reacción.
Mano dura contra los especuladores. No se debe permitir que se burle la ley. Especular no solo es ilegal, también es inmoral.
César Sandoya Valdiviezo
cesarsandoya@hotmail.es