Los constitucionalistas acechan. En sus altas torres de marfil, apertrechados tras rimeros de sentencias constitucionales, rodeados de tratados eruditos, se afanan febrilmente en pulir sus opiniones. Una oportunidad de oro se presenta para esta hermandad jurídica, el encargo de la presidencia y la propia sucesión presidencial entran a debate. Sobre tan interesantes asuntos el viceministro de gobierno ha señalado que se busca una “salida jurídica”. Parecería entonces que el Derecho es una especie de cárcel que limita las buenas acciones gubernamentales y que es necesario encontrar algún portillo que permita cumplir con los objetivos del ejecutivo. Esta forma de pensar no por repetida deja de ser censurable. La idea general del Derecho público es normar y limitar los poderes de los gobernantes, precisamente para proteger al pueblo y al propio orden jurídico. Ese constante afán de encontrar “salidas”, “soluciones”, “vacíos” que permitan burlar las disposiciones legales y constitucionales que son perfectamente claras es un indicador del escaso respeto por el sustrato de la democracia que es el sistema jurídico. Tal vez esta actitud pudiera comprenderse en el mundo de los políticos electoreros cuya única mira es la persistencia en los cargos públicos, pero no es admisible entre las personas que auténticamente se deben al Estado y menos aún entre quienes aseguran profesar la fe en el constitucionalismo como fundamento histórico de las libertades humanas. Desde hace muchos años, la radio y la televisión nos presentan cocineros jurídicos que ofrecen un “Derecho a la carta” bajo un amplio menú que contiene todas las salidas necesarias para ejercer el poder sin limitaciones. Para estos aderezadores de la justicia es fácil cocinar y sazonar cualquier plato que permita a sus clientes satisfacer su insaciable apetito de poder burlando las normas y los mismos preceptos de la Constitución. Seguramente mañana veremos con qué nefasto platillo nos sorprenden nuestros juristas de fogón.
Carlos García Torres
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