Se prevé contratar la defensa en la segunda instancia por 250 mil dólares y de perder el caso deberá pagar 12 millones más.
Diversos comentarios se han registrado en las redes sociales cuando se hizo público la demanda que ganó la Empresa Safety Enforcement al Municipio por alrededor de 12 millones de dólares por el tema del contrato que se le hizo por la gestión de las fotomultas.
Se comenta de una precaria defensa de los profesionales del derecho del Ayuntamiento, hecho que motiva al administrador del Municipio, Jorge Bailón Abad, a contratar a abogados externos para que se hagan cargo de la segunda instancia.
La demanda se interpuso en Quevedo, provincia de Los Ríos, y es una acción de protección por presunto incumplimiento. Ernesto Alvear, secretario general, afirma que la jueza dispuso el pago por cerca de 12 millones de dólares, “valor que es escandaloso y que afectaría gravemente la garantía de los servicios públicos que por competencia exclusiva debe asumir el Municipio”, refiere.
Aduce que “por lo fraudulento del sorteo del proceso para que el caso caiga en una jueza de Quevedo y de la emisión de una sentencia que se aleja de la lógica constitucional y jurídica, la autoridad municipal dispuso el inicio de un proceso público de contratación de un estudio jurídico, que cuente con la solvencia y experticia para evitar el perjuicio a la comunidad”.
Lamenta los comentarios que se han registrado por algunas personas y recuerda que todavía están en un proceso precontractual “no sabemos si se va adjudicar o qué va pasar. Estamos cumpliendo con las garantías del debido proceso y en los siguientes días sabremos si se adjudica o no”, insiste.
Cuenta que, por lo pronto, ya plantearon las quejas respectivas al Consejo de la Judicatura para que analice cómo se realizó el sorteo.
100 procesos legales
El procurador Síndico del Municipio, Luis Narváez, explica que ha sido un devenir de problemas con dicha empresa, “en mayo de 2020 culminaron los cinco años establecidos en el plazo del contrato y el Alcalde consideró que no era factible que se renueve y se comunicó la terminación del contrato por vencimiento de plazo como convinieron las partes dentro del instrumento jurídico”, asegura
Considera que por esa razón se vino una retaliación, la Empresa activó una serie de demandas que bordearían las 100, unas de las cuáles fueron interpuestas ante un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, contra cada uno de los expedientes administrativos sancionadores con los que multaban a la Empresa por incumplimiento.
De una denuncia que hizo el Municipio, se estableció una audiencia preliminar de juicio que fue asignada para marzo de 2022. Ahí se analizará la legalidad del contrato por las fotomultas, “la acción fue interpuesta dentro de la vigencia del contrato y adicional se impuso una denuncia penal ante la Fiscalía de Loja por un posible delito de ataque a la integridad del sistema informático”, afirma Narváez.
Hace unos 15 días se cumplió la audiencia de formulación de cargos en contra de la Empresa. Están en la etapa instrucción fiscal y ya decurren los 90 días que solicitó Fiscalía para una posible audiencia preliminar de iniciación de juicio. “Dentro de esta acción penal se logró la aplicación de las medidas cautelares con la prohibición de enajenar bienes, suspensión temporal de las actividades la Empresa en Loja y la intervención del ente público de control”, refiere.
Alega que no han descuido la defensa dentro de los procesos judiciales y penales. Se activó otra demanda en Quito por parte de la Empresa contra el Municipio por la recepción de pleno derecho del contrato de fotomultas y alegan incumplimiento de contrato.
Criterios
Oscar Pineda, quien genera opinión política, recrimina la contratación que se prevé hacer, aduciendo “¿Entre los más de 3 mil empleados del Municipio, no hay un abogado? Por eso se gasta un cuarto de millón de dólares a dedo en contratar uno”. Al final pide a los concejales que no se permita lo que considera un despilfarro de recursos.
Por su parte el activista político Carlos Chalaco, califica de penoso este dilema jurídico, ya que considera que la Empresa perjudicó a los lojanos y por eso pone en el tapete lo siguiente:
Considera que hay un proceso viciado y por eso la Empresa llevó este caso a una provincia donde el tema y el manejo de la justicia le puede favorecer. Asevera que el abogado de la empresa, es el mismo que en el pasado firmó y redactó el contrato, cuando ejercía como funcionario del exalcalde José Castillo.
Cree que es evidente que la administración descuidó la defensa; y que el costo de la defensa jurídica en la audiencia es de 60 mil dólares y 180 mil en caso de que la sentencia sea favorable al Municipio.
“En el afán de protagonismo muchos concejales del anterior y actual cabildo, no han hecho nada por clarificar este tema. Ambato es un ejemplo de cómo se solucionaron en parte los problemas, con menos show y más pragmatismo”, puntualiza.
Al final dice que el exalcalde en su afán de permanecer en la arena política, podría perjudicar a un Municipio que tiene serios problemas presupuestarios.
VOZ
“La cantidad de 12 millones dólares prácticamente lo quebraría al Municipio. Afectaría gravemente los derechos de ciudadanos y la provisión de servicios públicos”
Ernesto Alvear,
secretario General del Municipio de Loja.