Desde la campaña presidencial, los vínculos entre las empresas de la familia Noboa y el Estado fueron motivo de cuestionamiento. El tema tributario ocupó un lugar central, especialmente por las millonarias deudas que la Exportadora Bananera Noboa mantenía con el Servicio de Rentas Internas (SRI).
La polémica se intensificó cuando el presidente impulsó reformas tributarias que incluían remisiones fiscales, generando sospechas sobre un posible beneficio directo. Hoy, esas sospechas se han confirmado: la deuda de la Exportadora Bananera Noboa ha sido reducida a cero, amparada en una ley declarada inconstitucional, pero sin efectos retroactivos. Es decir, la norma fue anulada, pero los beneficios obtenidos bajo su vigencia permanecen intactos.
A esto, se suma la designación de la nueva directora del SRI, cuya experiencia laboral incluye haber manejado los asuntos tributarios de empresas vinculadas a la familia del presidente. El conflicto de intereses es evidente, pero las instituciones involucradas guardan silencio, ignorando los pedidos de explicaciones por parte de la ciudadanía y la prensa. Este silencio institucional no es casual, ya que parece alinearse con una estrategia más amplia de blindaje político.
La falta de transparencia en este caso no solo contradice el discurso oficial de lucha contra la corrupción, sino que revela una preocupante tendencia: en el «Nuevo Ecuador», la crítica se acalla y las sombras se imponen sobre las luces. El país parece avanzar hacia un nuevo silencio, donde las preguntas incómodas no encuentran respuesta y el poder se blinda frente al escrutinio público.
Néstor S. González M.
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