El poder insiste en presentarse aún como el abanderado de la renovación política. Sin embargo, mientras el discurso habla del «Nuevo Ecuador», la práctica responde a una vieja y conocida estrategia «debilitar al adversario antes que convencer al ciudadano».
Con las elecciones seccionales a la esquina, es inevitable observar cómo varios de los principales y notorios rivales políticos del oficialismo enfrentan investigaciones, procesos judiciales o una intensa exposición mediática negativa. La justicia debe actuar cuando existan pruebas, aquello no es parte de la discusión. Lo preocupante es que el rigor institucional parece activarse con mayor rapidez cuando el investigado representa un obstáculo electoral para el poder.
Una democracia no se mide por la popularidad de un mandatario, sino por la independencia de sus instituciones. Cuando la política comienza a resolverse en los tribunales, en los allanamientos o en el desgaste selectivo de determinados actores, la competencia electoral deja de ser un debate de propuestas, para convertirse en una disputa, donde algunos llegan a la meta con la cancha inclinada.
El poder parece haber comprendido que un rival político debilitado, inhabilitado o preso, es más útil, que un rival derrotado en las urnas. Esa lógica puede ofrecer victorias inmediatas, pero fulmina el estado de derecho, la institucionalidad y la república en sí misma, alimentando la idea de que las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos, para servir al poder de turno.
Hoy la víctima puede ser la oposición, mañana podría ser cualquier individuo en capacidad de incomodar al gobierno de turno. Porque cuando un régimen empieza a confundir gobernar con neutralizar a quienes piensan distinto, el problema ya no es quién gana las elecciones. El problema es que la democracia comienza a perderlas.
Néstor S. González Marca
nestor.gm.loja@hotmail.com