“Una norma que no garantiza derechos, los vigila. Y un Estado que concentra poder, no reforma: domina”.
Como abogado y ciudadano, levanto la voz ante una ley que, bajo la apariencia de integridad, erosiona garantías, legaliza la sospecha y debilita el sistema constitucional. La recientemente aprobada Ley Orgánica de Integridad Pública no fortalece el Estado: lo deforma.
Tramitada sin diálogo ni consulta, invocando un procedimiento reservado para emergencias económicas, esta norma vulnera el principio de unidad de materia (art. 136 CRE), fragmenta el debate legislativo y abre la puerta a reformas camufladas, sin rostro ni legitimidad.
La ley endurece penas contra adolescentes, desconociendo el derecho a la justicia restaurativa. Discrimina a los adultos mayores al imponer despidos por edad. Y otorga al Sercop un poder sin contrapesos, convirtiéndolo en árbitro, juez y parte de la contratación pública. Esto no es integridad: es dominio administrativo disfrazado.
Ya se anuncian movilizaciones del magisterio y gremios sociales. No es un simple desacuerdo político, es un clamor constitucional. Desde Castillo Law Firm, nos preparamos para presentar una acción pública de inconstitucionalidad, en defensa del orden jurídico, de la equidad y del alma garantista de nuestra Constitución.
Porque cuando el derecho se convierte en instrumento de control, la justicia enmudece. Y en esa quietud impuesta, la democracia muere un poco más.
El poder se limita con ley, y el futuro se escribe con coraje. El silencio no es opción cuando lo justo clama voz.
Frank Castillo Ramírez
@Frankeditson