Este mes decidiremos en las urnas si habilitamos una Asamblea Constituyente y el camino hacia una nueva Constitución. Desde 1830 hemos convivido con veinte constituciones; la de 2008 sigue vigente. Cambiar el texto puede ordenar incentivos y clarificar competencias, aunque también podría implicar retrocesos en derechos y la captura del Estado por el poder de turno.
Concibo la Constitución como contrato político y social, además de brújula. Su fuerza depende de la claridad y la calidad de quienes nos representen, de que los partidos prioricen el interés general y de que no repitamos asambleas dominadas por la pugna, la improvisación y el espectáculo. Las normas valen tanto como la capacidad de gestionarlas con presupuesto, datos, personal competente y control.
La actual Carta Fundamental no es mala; requiere ajustes en su parte orgánica. El gobierno y la Asamblea pueden impulsarlos sin someter al país a un desgaste de elección tras elección. Mejorar el diseño institucional es deseable, pero más urgente es cumplir la ley, profesionalizar la administración y fortalecer la justicia.
Nuestras crisis no nacen de los artículos sino del mal manejo de recursos, la captura institucional y el endeudamiento sin medida. Si la falla es de conducción, el remedio es gobernar mejor, combatir la corrupción y rendir cuentas. La política pública eficaz es la que convierte derechos escritos en servicios reales.
También hay que mirar los riesgos de una Constituyente sin límites. Un órgano con plenos poderes puede cooptar al Estado, concentrar funciones, reducir controles, debilitar la justicia, disminuir derechos y alterar reglas electorales. Sería un cheque en blanco pagado con incertidumbre, inversión frenada y conflicto.
Votar por la Constituyente es escoger un método de cambio, no un resultado automático. Sin embargo, el pueblo ecuatoriano será una vez más quien marque el rumbo.
Daniel González Pérez
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