Textos de siete dólares, padres de familia pagan hasta 20 dólares. Se habla de ventas dirigidas, gratificaciones de editoriales a docentes. Dirigente y exfuncionario exhortan a controlar.
El inicio del año lectivo, como es ya tradición, se ha constituido en un dolor de cabeza para los padres de familia, es la época donde entran en gastos, derivados de uniformes, pensiones, transporte y, principalmente, útiles escolares. Estos últimos los atormentan porque deben comprar de manera obligatoria a sus hijos y es donde inicia la problemática porque se habla de ventas dirigidas a determinada librería, editorial o local de venta al público, cuyos costos, particularmente de libros, son exorbitantes.
Textos que solicitan los planteles
Literatura, educación artística, religión, cultura física, computación, inglés, entre otros, son los textos que generalmente solicitan los establecimientos educativos a los padres de familia. Los precios no tienen punto de comparación entre la imprenta y el producto que llega finalmente a las manos del estudiante, valores que cancelan obligatoriamente los progenitores.
El gerente de una imprenta lojana, quien pidió la reserva de su nombre, cuenta a HORA32 que una obra de 300 páginas, en mil ejemplares, tiene un precio que va desde 1.5 a dos dólares la unidad, más derechos del autor de un dólar, dando un costo neto de 3.00 dólares, aproximadamente, pero se comercia entre seis y siete dólares. Allí hay una diferencia entre tres y cuatro dólares.
La producción de un texto a todo color en la imprenta oscila entre seis y siete dólares, más uno por derecho de autor y otro dólar más para el vendedor, sin embargo, al padre de familia le cuesta hasta 20 dólares, dependiendo de la editorial, esto es, cancela hasta 10 dólares más al precio real.
¿Cómo se negocia?
Sobre por qué el precio es diametralmente diferente entre la producción y lo que paga, finalmente, el padre de familia, la fuente explica que el procedimiento es: el vendedor de la editorial lleva el texto, por ejemplo, de educación cultural y artística al docente que imparte esa materia, este lo revisa y ve la pertinencia o no, de acuerdo a la malla curricular, luego va a conocimiento del jefe de área y, por último, es el vicerrector o el rector el que aprueba o no que se incluya en la lista de útiles, pero ya la obra cuesta hasta 10 dólares más al que tenía cuando salió de la imprenta.
El obrero gráfico comenta que en este proceso resulta raro que en la librería siempre se pregunte al padre de familia para qué plantel educativo es el texto y que, según aquello, se fija el precio final. Habla de supuestas comisiones para el docente que imparte la respectiva materia. Señala que este modo de operación se da en los planteles fiscales y fiscomisionales, mientras que en los particulares la táctica es diferente, es decir, “cada editorial negocia directamente con el dueño del colegio”.
El padre de familia, perjudicado
El denominador común es que, en los planteles fiscales, fiscomisionales y particulares, el padre de familia resulta perjudicado porque concluye cancelando los textos a tan altos precios que, en criterio del gerente de la gráfica lojana, es urgente que se transparenten y sinceren los costos porque se ve obligado a pagar una alta cifra, fijada en su ausencia porque no se lo toma en cuenta en los establecimientos para esta actividad.
Al tiempo de exhortar a las autoridades educativas y civiles a controlar este tipo de irregularidades, sugiere también a los planteles pedir los libros estrictamente necesarios y que el resto los docentes envíen a los estudiantes a consultar porque desde siempre así se estilaba, incluso, los profesores primero explicaban su clase y luego hacían anotar en los cuadernos un resumen, quedando el libro en segundo plano.
Es cierto, expresa, que los tiempos han cambiado, pero ello no les da patente de corso a ciertos docentes para que empañen la noble profesión de enseñar con esta particular forma de vender libros que, finalmente, les deja jugosas ganancias y hasta canonjías: entrega de computadoras, paseos campestres, comilonas, entre otros, costeados por las editoriales correspondientes.
Llamado a los padres de familia
La fuente aconseja a los padres de familia perder el miedo y denunciar este tipo de abusos, aunque reconoce que la mayoría teme reaccionar por temor a las represalias que se puedan tomar en los establecimientos educativos con sus hijos. Una forma de evitar este tipo de práctica, según plantea, es declararse en rebeldía y no pagar altos valores, pero para ello es necesario que se unan para reclamar y no lo hagan por separado en la librería donde protestan por el alto precio de los útiles escolares y todo queda allí.
El excoordinador Zonal de Educación, Luis Cuenca Medina, manifiesta que esta práctica no es novedad en Loja y califica de viveza criolla al actuar de ciertos directivos, docentes y librerías que afectan al escuálido bolsillo del padre de familia y que, por ello, según afirma, en su administración combatió sin tregua a quienes procedían así con los textos escolares y también con los uniformes que, portando un tiquete, tenían que ir a comprar en determinado local.
“Se combatió y se sancionó a algunas instituciones, hubo el respaldo de los padres de familia”, expresa el exfuncionario y exige a las autoridades a proceder de igual manera, como en su período, donde se actuó con severidad, a tal punto que una librería, procedente de Guayaquil, se vio obligada a dejar Loja, dado el control que se ejercía, no si antes devolver el dinero en exceso cobrado a los progenitores.
‘Un robo descarado’
Luis Cuenca Medina corrobora lo manifestado por el gerente de la imprenta lojana en el sentido que el costo de producción allí es módico y que son los intermediarios quienes se benefician. “Es un robo descarado que se realiza al bolsillo de los padres de familia (…), es un negociado y en el ámbito penal se define como una asociación ilícita que obliga a adquirir los útiles escolares en determinada librería”.
En los barrios también hay preocupación por las ventas dirigidas de útiles escolares. Sixto Eugenio Alvarado, presidente de las Juntas de Desarrollo Barrial de Loja, dice ser vox pópuli y hay denuncias de padres de familia que se los quiere obligar a adquirir en una determinada librería cuando lo correcto es que vayan a cualquier lugar, donde los precios sean más asequibles a su economía.
El dirigente razona que, si se exige al padre de familia acudir a cierto local para comprar los útiles, entonces, allí “hay algo raro y las autoridades deben adoptar las medidas pertinentes porque estamos en un libre mercado donde se puede comprar de acuerdo a la economía”.
‘Un abuso exponencial’
Califica de abuso exponencial el hecho que textos que en las imprentas tienen un precio de siete dólares los padres de familia tengan que pagar hasta 20 dólares. Exhorta a las autoridades a frenar esta situación porque, caso contrario, este abuso continuará todos los años.
El presidente del núcleo de Loja de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio César Peña Flores, manifiesta haber escuchado comentarios de padres de familia que se les exige que compren los útiles escolares en determinado local y que los precios son altos, pero que, en definitiva, no se dice nada de los planteles fiscomisionales donde sí se da esta práctica.
Tras manifestar que ninguna denuncia por escrito ha llegado a la UNE de Loja y que más bien sabe de rectores que son partidarios de minimizar gastos y bajar el costo de los útiles escolares, el dirigente opina que todo se solucionaría si el Gobierno Nacional destinara el 6% del Producto Interno Bruto para la educación.
‘Una leche rancia’
Por tanto, este tipo de “comentarios se eliminarían porque son 7.375 millones de dólares que ingresarían anualmente a las arcas del Ministerio de Educación y que alcanzarían para uniformes, desayuno, almuerzo y no esa leche rancia que dan ahora”.
Enma Santamaría León, intendenta de Policía de Loja, dice que la institución, a través de su personal, realiza un control exhaustivo a los lugares donde se expenden los útiles escolares y los uniformes. El fin es que no abusen de la necesidad de los padres de familia y la alta demanda de estos artículos en la época del inicio del año escolar.
También dice que se ha exigido a los propietarios de los diferentes locales de venta de útiles escolares y uniformes para que exhiban públicamente los precios oficiales y que, sobre la base de ello, el padre de familia pueda adquirir donde más le convenga a su bolsillo.
Sobre las compras de útiles escolares dirigidas, la autoridad manifiesta ser un tema que se comenta, pero que, sin embargo, no hay alertas específicas, pero que, en todo caso, las puertas de la entidad están abiertas para receptar las denuncias de planteles educativos que estén direccionando a los padres de familia.
VOZ
“Es hora que las autoridades dejen huella: sancionando a quienes ejecuten estas malas prácticas”,
Gerente de imprenta lojana
“Sí hay mecanismos para ejercer un control como la Superintendencia de Control de Poder del Mercado y la propia Defensoría del Pueblo, pero como no hay institucionalidad, el pueblo está desamparado”,
Luis Cuenca Medina, excoordinador Zonal de Educación
“Si se exige al padre de familia acudir a cierto local para comprar los útiles, algo raro hay allí”,
Sixto Eugenio Alvarado, dirigente barrial
“Si el Gobierno destinara el porcentaje que manda la Constitución, alcanzaría para uniformes, desayuno, almuerzo y no esa leche rancia que dan ahora”,
Julio César Peña Flores, dirigente unionista lojano
PARA SABER
Las denuncias de la ciudadanía se receptan en la oficina de la Intendencia de Policía o al teléfono 072570270, extensiones 121, 221 y 222.