Las asambleas, congresos o parlamentos (Función Legislativa) son entidades esenciales para un sistema democrático, al ser parte de los necesarios frenos y contrapesos que este necesita para evitar la concentración del poder político, el abuso de éste y, como consecuencia, la institucionalización de la corrupción en la gestión pública; como ha sucedido en diversas partes del mundo (en el Ecuador, la banda correísta es la campeona).
En teoría, estos organismos se integran por representantes del pueblo (el soberano), quienes ejercen la voluntad de este; es decir, son mandatarios que defienden los intereses del soberano. En esta lógica, deben «promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular». La tarea no es fácil, por lo que, contradictoriamente, no son las instituciones que mayor credibilidad tienen o que mayor confianza inspiran, al menos en democracias endebles como las del Ecuador y América Latina.
No obstante, el desprestigio de la actual Asamblea Nacional del Ecuador supera todos los niveles razonables y el rechazo que genera en los ciudadanos crece como un torrente invernal que, de no existir rectificaciones inmediatas, arrasará a esta institución dedicada a la politiquería, a la componenda, a garantizar la impunidad para los delincuentes comunes disfrazados de «luchadores sociales» y, para colmo, a ser el principal obstáculo para las reformas legales que permitan dinamizar la economía ecuatoriana.
Gustavo Ortiz Hidalgo
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