La crisis del transporte en Loja dejó una verdad incómoda: una ciudad entera quedó sometida a la voluntad de grupos de transporte mientras la respuesta institucional fue lenta, débil y simbólica. Cuando un servicio público esencial se paraliza, no basta una denuncia en Fiscalía; el deber constitucional del Municipio era garantizar inmediatamente la continuidad del servicio.
La Constitución del Ecuador reconoce el derecho a la movilidad y obliga al Estado a asegurar servicios públicos eficientes y continuos. Por ello, frente a una paralización, la Alcaldía debió actuar con medidas administrativas inmediatas: sanciones, suspensión de permisos y apertura urgente a nuevas operadoras nacionales o internacionales capaces de cubrir las rutas abandonadas.
El error político fue creer que la ciudad debía esperar.
No.
El interés colectivo está por encima de cualquier monopolio.
En derecho comparado, países como Colombia y España han desarrollado mecanismos para impedir que los servicios esenciales sean utilizados como instrumentos de presión corporativa. El Estado moderno no negocia su autoridad: la ejerce.
Loja necesita planificación, libre competencia regulada y capacidad de reacción. Una ciudad no puede depender de que ciertas cooperativas “decidan trabajar” para funcionar.
En Castillo Law Firm creemos que el Derecho debe salir de los escritorios y defender a la ciudadanía en los grandes conflictos sociales. Porque cuando el transporte paraliza una ciudad, no fracasa el bus: fracasa la autoridad.
“Loja no necesita comunicados; necesita decisiones. El servicio público jamás puede convertirse en rehén del monopolio.” — Castillo Law Firm
Frank Castillo Ramírez
cfrankeditson@gmail.com