La pandemia de la covid-19 develó también el peligro de la expansión de la información falsa o creada expresamente para confundir a los ciudadanos. Frente a ello, en los últimos cinco años se han fortalecido las iniciativas de verificación de información que cumplen el rol deontológico de los medios de comunicación masiva porque estos han dejado espacios ante la opinión pública debido, entre otros motivos, a la transición de su modelo de negocios. Estas organizaciones de lucha contra la desinformación aportan evidencias para determinar lo consistente en las declaraciones, discursos y notas que se emiten a través de varias plataformas.
Hay índices, guías, alertas que cada vez son más consultadas para conocer cuán fiables son las palabras de los protagonistas de los hechos y de los líderes políticos. La premisa de confiar en la honestidad de quienes gobiernan a ciudades y países se tambalea porque suele estar impregnada de intereses electorales y lleva a matizar entre verdades e inconsistencias.
Este clima de desconfianza se agrava cuando emergen voces de guerra e intereses comerciales y crece la divulgación de informaciones incorrectas o no verificables desde los presidentes de las naciones. Los llamados a guiar y hacer de la transparencia el camino al progreso han caído en las coyunturas de mercado e intolerancias culturales para imponer una visión que ignora las diversidades y que va en la dirección de anular los derechos de las personas.
Así, probablemente, se inició otra transición. De las tradicionales fuentes informativas, los medios masivos de comunicación y los líderes políticos, hacia los ciudadanos a través de las organizaciones no gubernamentales que enfrentan la desinformación. Situación ideal que correspondería con las recomendaciones para la democratización de la palabra. No obstante, queda la pregunta sobre el sostenimiento de las agencias: ¿los lectores mantendrán sus contribuciones a aquellos que contrastan y certifican las noticias? La respuesta dependerá de si estos comprenden que informarse bien no es un privilegio, sino una responsabilidad cívica que también tiene un costo.
Abel Suing
abelsuing@gmail.com