En Ecuador se vive hoy una tragedia silente: el desmantelamiento sistemático del Estado. No es casual. Es una política, una política contraria al desarrollo de los pueblos. Se cierran escuelas y centros de salud, hospitales desabastecidos y dializadoras impagas, se congelan proyectos vitales, se debilitan empresas públicas, se reducen presupuestos a lo esencial de lo esencial. Y todo esto en nombre de una supuesta “austeridad responsable” impuesta desde los escritorios del FMI o del BID, donde la vida real de los ecuatorianos no importa más que una cifra en una hoja de cálculo.
Este no es un Estado en reforma: es un Estado en fuga. Se lo abandona cuando más se lo necesita. Mientras crecen la pobreza, la violencia y la desnutrición infantil, se entregan las decisiones estratégicas a organismos internacionales a cambio de préstamos que no generan desarrollo, sino dependencia. Se cancelan planes de infraestructura, se privatizan servicios, se demoniza al servidor público, y se pretende que el mercado –ese dios ineficiente para los pobres– reemplace lo que el Estado debe garantizar.
¿Quién puede vivir con dignidad en un país donde se diluyen los derechos? Cuando el Estado retrocede, no entra la libertad, entra la ley del más fuerte: el narco en los barrios, la extorsión en los negocios, la muerte en los hospitales sin insumos. El abandono del Estado es una forma de violencia estructural.
Necesitamos un giro radical. El Estado debe ser rescatado, no reducido. Debe volver a planificar con mirada de futuro, impulsar sus empresas públicas con eficiencia, priorizar a la niñez, a la juventud, a las comunidades, a los territorios olvidados. Lo que urge no es achicar al Estado, sino limpiarlo, fortalecerlo, devolverle su vocación pública y democrática.
Porque cuando el Estado se entrega, la patria se vende. Y si permitimos que eso siga ocurriendo, el precio no lo pagarán los de arriba, sino el pueblo que ya no tiene a quién reclamarle siquiera el derecho de vivir.
Álex Daniel Mora Arciniegas
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