El nuevo gobierno en Ecuador asume el poder en un contexto complejo, marcado por una ciudadanía que exige respuestas inmediatas a problemas estructurales. La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, con cifras récord de homicidios y la expansión del crimen organizado. La recuperación del control estatal sobre el territorio es prioritaria. Se requiere una estrategia integral de seguridad, que combine fuerza pública con inversión social y judicial.
En el ámbito laboral, el desempleo y la informalidad continúan afectando a millones. La generación de empleo digno, especialmente para jóvenes y mujeres, debe ser parte central de la política económica. Incentivar el emprendimiento, atraer inversión y modernizar el sistema productivo son caminos posibles. La infraestructura vial, vital para el desarrollo y la integración, muestra signos de deterioro. Carreteras en mal estado no solo frenan la economía, sino que ponen vidas en riesgo. Un plan de mantenimiento y expansión con enfoque territorial es imprescindible.
En salud, la pandemia dejó lecciones aún no asimiladas. Faltan médicos, medicamentos e infraestructura. Fortalecer la atención primaria y garantizar el acceso a todos es un desafío urgente. La educación vive una crisis silenciosa. Brechas tecnológicas, deserción escolar y calidad docente requieren reformas profundas. La educación debe ser vista como inversión, no gasto.
La confianza ciudadana en el nuevo gobierno no es un cheque en blanco. Es una apuesta con límite, demanda resultados concretos y visibles. El gobierno tiene ante sí una tarea titánica. Su éxito dependerá de su capacidad para dialogar, planificar y ejecutar con eficiencia, esa será la única manera de terminar con un país polarizado, caso contrario enfrentará una grave crisis de gobernabilidad.
Daniel González Pérez
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