Con los ojos saltando de las órbitas, las cejas levantadas, el ademán acalorado, el funcionario comparece ante las cámaras. Con la seguridad que brindan largos años de obediencias debidas señala de manera categórica que un atroz hecho de sangre no es de su responsabilidad. Tampoco, alega, de la sagrada institución a la que defiende. Mucho menos, desde luego, de las personas que se encuentran bajo su cargo, y peor aún de un sistema ideológico de formación que no crea individuos críticos sino meros autómatas, seguidores ciegos de cualquier orden que venga de lo alto. Y así el estrangulamiento de una abogada en medio de un numeroso grupo de personas que han jurado servir a la sociedad pasa a ser un mero hecho coyuntural que compete a la fiscalía y que se disuelve en pericias, en reclamos, en vericuetos jurídicos, en esa oportunidad de oro que tantos penalistas ignotos esperan para deslumbrar con sus conocimientos. Gurús varios cuyas escasas luces aumentan la oscuridad.
La historia que se teje en los medios de comunicación y en las redes sociales se hace cada vez más creíble por las inmensas contradicciones que contiene. Ya se sabe que las masas aman lo inverosímil y que, a la larga, cualquier mentira, repetida con suficiente insistencia, alcanza la honrosa categoría de verdad. En pocos meses todos concordaremos en que se trató de un hecho aislado, una coincidencia improbable que nada tiene que ver con la misma esencia machista y autoritaria de nuestra sociedad y de nuestras instituciones.
Detrás de todo este teatral lavado de manos, de las destituciones fulminantes y de los graves discursos queda la sociedad ecuatoriana en la misma desolada orfandad. Sin políticos pensantes, sin instituciones a prueba de rufianes y patéticamente escasa de líderes éticos.
Carlos García Torres
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