Bajo el sol del mediodía, en un polvoriento callejón de un pueblo del salvaje oeste, dos hombres acarician sus poderosos revólveres. Las miradas feroces denuncian que están listos a matar o a morir. La hora del diálogo ha terminado; la palabra la tienen ahora los pistolones de gran calibre. Es tarea fácil identificar al forajido malo por su gesto torcido y su sombrero negro. El justiciero, en cambio, porta un radiante sombrero blanco y una expresión bondadosa. El esquema simple de los viejos “westerns” parece ser la pobre forma de enfocar el problema de la inseguridad de algunos políticos ecuatorianos devenidos, en su imaginación limitada, en modernos llaneros solitarios.
Toda la política criminal del Estado se reduce a una partida armada de alguaciles voluntarios que linchan a un asaltante. Todo el problema social de la delincuencia se encasilla en oscuras celdas, en penas más largas, en cadalsos levantados al atardecer.
Delirios pueriles, sacados de tardes de matiné, como el “derecho a portar armas”, deberían ser motivo de risa, pero la gravedad de sus consecuencias para la paz social y para la institucionalidad del Estado les quita cualquier guiño humorístico. Más preocupante resulta que figuras con ascendiente político nacional usen estas tonterías como arma predilecta de campaña electoral.
La función pública no puede ser el campo de tiro de aspirantes a “cowboys”. Los muchachos de revólver al cinto y de gatillo fácil deben quedar confinados al “cinemascope” y al “glorioso tecnicolor”.