El próximo referéndum encontrará a un país exhausto. Tres de las cuatro preguntas parecen irresistibles: eliminar el financiamiento público a la política, reducir el número de asambleístas y autorizar bases militares en la lucha contra el crimen. Son consignas nacidas del hartazgo, que los partidos se financien solos, que haya menos políticos. Sin embargo, la popularidad de una propuesta no sustituye un diseño institucional sólido.
Quitar el financiamiento estatal podría convertir la política en un coto de élites y capitales opacos. Sin reglas estrictas de transparencia y control del origen de los fondos, el remedio puede ser peor, mayor dependencia de aportantes con intereses particulares, menos competencia real y más riesgo de captura criminal.
Reducir curules promete ahorro y eficiencia, pero confunde cantidad con calidad. Una Asamblea más pequeña puede representar peor a provincias y minorías, concentrar poder en cúpulas y encarecer la entrada de nuevas voces. Lo urgente no es reducir asambleístas, sino elevar estándares de integridad, selección, capacidad y rendición de cuentas.
Las bases militares, presentadas como golpe de efecto, no sustituyen una estrategia integral. Esta debería centrarse en inteligencia financiera, control de puertos y cárceles, reforma policial y judicial, trazabilidad de armas y dinero, y métricas públicas. Sin ello, su presencia es más símbolo costoso que solución eficaz.
La consulta también será un termómetro del Gobierno. La democracia directa siempre ha servido para legitimar decisiones estatales; esta vez, el oficialismo verificará si su popularidad resiste la brecha entre ofrecimientos y ejecución. Con economía debilitada, hospitales sin insumos e infraestructura deteriorada, el país busca atajos a problemas estructurales.
Votar informado exige recordar que los atajos seducen, pero rara vez resuelven. Las urnas no deben ser megáfono del enojo ni del engaño, sino mandato para reformas serias, medibles y sostenibles.
Daniel Alexander González Pérez
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