El próximo mes de mayo se cumple el primer año de gestión de los alcaldes y otras autoridades de elección popular, quienes exigidos por el mandato constitucional y el deber público están obligados a la rendición de cuentas de su gestión propuesta en el plan de trabajo y en la campaña electoral. De no haber correspondencia satisfactoria a lo actuado, los electores, los ciudadanos, pueden aplicar aquello de que “Santo que no hace milagros debe dejar el altar” es decir la revocatoria del mandato.
Los “rumorólogos” o personas dedicadas al rumor cuentan que activistas, promotores políticos y más interesados acuden al Consejo Nacional Electoral (CNE) a inteligenciarse de los requisitos y trámites para la revocatoria del mandato de algunos alcaldes de Loja y la provincia, sin conocer aún nombres de quienes están en “capilla”, pero por sus hechos los conoceréis.
Ante tales rumores algunos alcaldes están asustados, otros, aunque aparentan no estarlo, sienten nerviosismo por su pobre gestión y mala memoria para recordar lo ofrecido en su plan de trabajo, abonando la desconfianza ciudadana. Sin embargo, ellos, que no son ingeniosos para conseguir dinero de otros lados, quieren justificar que la lentitud o retraso de la obra pública obedece a la falta de recursos que les adeuda el Gobierno, poniendo en evidencia que “la culpa es de la vaca”.
En concreto, ante el hecho cierto de que varios alcaldes lojanos se han “jalado” el año porque a pesar de que hay mucha obra por hacer no se pudo, deberían esos mismos burgomaestres autoevaluarse, autocriticarse y si tienen que desocupar el “altar” lo hagan. Como no lo harán, vale recordarles que la función pública ayuda a construir su propio epitafio y que el escrutinio popular dependiendo de su gestión lo escribirá. Es preferible darle buen uso a la verdad de los hechos antes de que les caiga encima una lápida anunciada, la revocatoria.
Adolfo Coronel Illescas