La reciente reunión convocada por el concejal Jhon Espinoza, dirigida a líderes barriales para socializar la propuesta de ordenanza sobre la organización de los barrios del cantón Loja, dejó más inquietudes que certezas. El borrador presentado por el Municipio no solo acumula observaciones que superan el 90%, sino que también evidencia debilidades técnicas y una desconexión con la realidad organizativa de los territorios, tal como lo manifestó la comisión de representantes barriales.
El debate que surge a partir de esta propuesta trasciende lo jurídico y se sitúa en el plano político y social. En esencia, lo que está en juego es la autonomía de la organización barrial. Una normativa de este tipo no puede convertirse en un instrumento de control institucional que limite la acción comunitaria ni condicione la representatividad de sus dirigentes. Por el contrario, debe ser una herramienta que promueva la participación ciudadana y respete los procesos organizativos construidos desde las bases.
En este contexto, es fundamental recuperar la memoria institucional. En 2014, durante la administración del Dr. José Bolívar Castillo, el Municipio de Loja impulsó una ordenanza que reconoció a las Juntas de Desarrollo Barrial como actores clave en la planificación, ejecución y control de obras. Este modelo fortaleció la articulación con la gestión municipal y la participación ciudadana. Sin embargo, este proceso no tuvo continuidad. En administraciones posteriores, la normativa fue relegada, debilitando avances importantes en organización barrial.
Hoy, insistir en propuestas improvisadas no solo debilita la institucionalidad local, sino que erosiona la confianza ciudadana. Fortalecer los barrios no es imponer reglas desde el escritorio; es construir junto a la gente, respetar su organización y garantizar su autonomía. Todo lo demás es, simplemente, control disfrazado de regulación.
Mayra García Calle
alejandrinagc@gmail.com