Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 agudizan la crisis económica, financiera y social de los Estados. Todos coinciden en la importancia de aumentar la recaudación tributaria, pero discrepan en la forma y en el momento. Las interrogantes del ¿Cuándo? y ¿Cómo? son las más complejas que ameritan ser respondidas con criterios técnicos, sin recetas pre-elaboradas al margen del contexto del país.
En el evento de existir reformas tributarias, y encontrándonos en un momento álgido debido a la falta de empleo, al cierre de negocios y por la nula capacidad de ahorro, cualquier proyecto de naturaleza tributaria provocará en el subconsciente de los ecuatorianos su rechazo, al menos que se respete esa máxima del derecho tributario “el que más tiene, más paga”; caso contrario, se replicarían las marchas de rechazo que sucedieron en Colombia por la llamada Ley de solidaridad sostenible. Este caso es un ejemplo, de que en cualquier momento, no caben nuevas imposiciones tributarias por el rechazo popular, de quienes sienten las manos del gobierno en sus bolsillos.
Si se opta por cambios en las leyes tributarias, aquellos encargados de esta tarea no fácil deben procurar alcanzar un sistema tributario con fundamentos en la progresividad, gravando con impuestos a aquellos con más riquezas (renta o patrimonio) o en su defecto revisando las exenciones o tarifas. No obstante, la tarea también debe enfocarse a recaudar correctamente los tributos ya establecidos, atendiendo el principio de suficiencia recaudatoria porque un sistema con muchos tributos no equivale a mayor recaudación. Por último, y sin ser el menos importante, se debe establecer mecanismos que erradiquen toda práctica evasiva de tributos.
Carlos Orellana Jimbo
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